Spagnuolo solicita anular pericia de su voz y denuncia edición de audios
La defensa de Diego Spagnuolo, quien está implicado en un caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acaba de presentar un nuevo escrito ante la Justicia. En este documento, solicita que se declare nula la pericia realizada sobre los audios que se anexaron al expediente y que se suspendan todas las medidas para obtener muestras de su voz.
Este planteo, realizado por su abogado Pablo Parera, critica la decisión judicial que ordenó que Spagnuolo tuviera que aportar material de comparación fonética. La defensa sostiene que esto va en contra de la garantía constitucional que impide obligar a alguien a declarar en su propio perjuicio.
Según lo alegado, se dispuso que el imputado presente “el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, lo que, para la defensa, lo convierte indebidamente en “sujeto de prueba”. El abogado argumenta que se le ordenó hacerlo sin su consentimiento, lo que representa una violación a sus derechos.
Curiosamente, aunque Spagnuolo había pedido que se peritaran los audios al inicio, ahora se opone a cumplir con esta medida.
“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”
Un punto clave en esta defensa es que la recolección de muestras de voz requiere la participación activa del imputado. Por lo tanto, no debería ser impuesta de manera coercitiva. La defensa hace hincapié en que comparar voces implica utilizar al acusado como una especie de testigo, algo que contradice el artículo 18 de nuestra Constitución.
Además, enfatizan que citar a Spagnuolo para que aporte su voz, sin haberle solicitado su consentimiento previamente, constituye un “forzamiento de colaboración ilegal”. La defensa advierte que su intervención, sin consulta previa, podría tener repercusiones negativas en relación a las acusaciones que enfrenta.
La sospecha sobre los audios
Este escrito va directamente contra los audios que son parte fundamental de la investigación. La defensa asegura que las grabaciones muestran claros signos de manipulación y cuestiona su autenticidad. Indican que las características de los audios evidencian que se trata de un monólogo, ya que solo se escucha una voz, a pesar de que el contenido sugiere conversaciones entre dos o más personas.
Este dato hace suponer que “los audios fueron manipulados antes de ser incorporados al expediente”, al haberse eliminado la voz de un interlocutor. Llegan incluso a sugerir que las grabaciones podrían haber sido creadas mezclando fragmentos de diversas conversaciones en un único archivo.
La defensa también menciona una posible hipótesis de provocación.
Se plantea que la ausencia del otro interlocutor podría indicar que su voz fue suprimida con algún tipo de trampa digital, con el fin de encubrir una provocación hacia el hablante.
Una causa paralela investiga el origen de las grabaciones
Otro argumento presentado es que la legalidad de los audios ya está bajo revisión en un proceso paralelo en el Juzgado Federal N°12. En esa causa se está evaluando si hubo actividades prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia, relacionadas con la “obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones privadas”.
La defensa recuerda que el mismo juez de esa causa ha considerado esencial un peritaje para determinar el origen y autenticidad de las grabaciones. Esto implica que los resultados de dicho estudio son críticos para esclarecer las denuncias.
Por eso, argumentan que seguir usando esos audios como prueba mientras su legalidad esté en duda no tiene sentido. “Si un elemento está siendo investigado, no corresponde usarlo apresuradamente como prueba en otro expediente”, afirman.
Con esos fundamentas, Spagnuolo solicita la nulidad de la resolución que ordenó obtener muestras de su voz, pide que se excluyan los audios del expediente y que se suspendan todas las pericias hasta que la Justicia resuelva las cuestiones planteadas.
También pide que se invalide cualquier actividad procesal que haya surgido tras la incorporación de las grabaciones, alegando que se trata de prueba contaminada. “Es evidente que se intenta hacer una pericia sobre material de dudosa procedencia y validez”, concluye el escrito.
Cabe recordar que los imputados habían cuestionado que no se había realizado la pericia, y luego la Cámara Federal ordenó la medida, que fue dispuesta por el juez Ariel Lijo. Estos audios no se incluyeron como prueba al momento de dictar los procesamientos en un expediente que ya había acumulado una gran cantidad de pruebas.